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Cataluña ha votado en muchas ocasiones el marco normativo del que se quiere dotar. En diciembre de 1978, fue una de las Comunidades Autónomas en las que la Constitución recibió más apoyos tanto por la participación como por el resultado. El 95,15% de los catalanes que fueron a votar dieron su apoyo a la Constitución, representando un total del 61,43% de los catalanes sobre el censo. Nunca un referéndum ha tenido tanto apoyo popular.
Es justamente esa Constitución, fruto del consenso, del pacto y del esfuerzo entre todos los españoles lo que llevó al mayor periodo de prosperidad que hemos conocido en nuestra historia, garantizando los derechos fundamentales de todos los españoles y la soberanía nacional.

El pasado 9 de noviembre, el Parlament tramitó la Resolución 1/XI sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015. Con una sociedad más fragmentada que nunca, una lectura sosegada de los resultados invita cuanto menos a la prudencia, ya que no permitirían ni siquiera modificar el Estatut.

La distribución de diputados por provincias permitió, por lo tanto, que el texto fuera aprobado con los votos a favor de los representantes del 47,7% y en contra de los representantes del 51,7% de los catalanes.
La primera declaración de la legislatura promueve el objetivo literal de “iniciar la creación del Estado catalán independiente en forma de república” cumpliendo “exclusivamente las normas o los mandatos emanados” de la cámara autonómica, en clara contradicción con el principio de jerarquía del ordenamiento jurídico y constituyendo una agresión a la voluntad democrática de la mayoría de españoles, expresada durante años con el presente marco legislativo.

Atendiendo que el Tribunal Constitucional sentenció el 25 de marzo de 2014 (42/2014) que “toda decisión del poder [ha de quedar], sin excepción, sujeta a la Constitución sin que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella”.

Considerando que el Consejo de Estado emitió el 10 de noviembre un informe en el que afirmaba que “la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña implica la vulneración evidente núcleo esencial de la Constitución española -la atribución de la titularidad del poder constituyente- y su declarada insumisión a las instituciones del Estado”.
Valorando que, tal y como se dice en dicho dictamen concluye que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el TC -según lo establecido en el artículo 161.2 de la Constitución y 76 y 77 de la Ley Orgánica de dicho tribunal- la resolución aprobada en el Parlamento catalán sobre el inicio del proceso político en Cataluña “como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 y su anexo”.

Atendiendo que el 11 de noviembre el Tribunal Constitucional admitió a trámite la impugnación presentada por el Abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación contra dicha resolución del Parlament de Cataluña, causando así la suspensión automática del texto.

El Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Manifestar nuestro más profundo rechazo a la Declaración 1/XI del Parlament de Cataluña.

SEGUNDO.- Instar a todos los grupos políticos del Parlament de Cataluña a trabajar a favor de las necesidades reales de los catalanes y a abandonar el proceso rupturista que ha dividido a la sociedad catalana.

TERCERO.- Instar a los grupos políticos del Parlament, a la Mesa y al Secretario a cumplir la ley y las sentencias que se deriven del ejercicio de sus funciones y decisiones.

CUARTO.- Proclamar el compromiso de este Ayuntamiento con la legalidad vigente que emana de la Constitución y del Estatut.

QUINTO.- Dar traslado a los grupos políticos en el Parlament de Cataluña y a las federaciones y asociaciones de municipios FEMP, FMC, ACN, AMI y a los sindicatos CCOO y UGT.