Con el voto en contra de los socialistas, el Ayuntamiento deberá mejorar la gestión de las viviendas de alquiler social tras presentar el Partido Popular una moción tras detectar graves irregularidades en el control de las 250 viviendas de alquiler social que gestiona. Según el informe de la Intervención General, así como el de una auditoria externa, a 31 de diciembre de 2023, de estas 250 viviendas sociales 14 están vacías y 40 ocupadas.
El hecho de que pueda haber viviendas de alquiler social vacías con la gran cantidad de personas que no pueden acceder a los precios de mercado del alquiler es un escándalo. Y aún hay más, de las restantes 181 viviendas, casi nadie se encuentra al corriente de pago: solo 11 pagan. Entre 2014 y 2023, se acumulan un total de 6.698 recibos impagados, que totalizan un importe de 2.320.131 €.
Pero lo más grave es que el Ayuntamiento no reclama los recibos impagados y al no ejercitar acciones legales para que los inquilinos paguen lo que deben, todos los recibos de más de tres años ya han prescrito.
En nuestra ciudad hay personas que llevan más de 10 años viviendo gratis, acumulando deudas que superan en algún caso los 63.000 €. Estas personas, al vivir gratis a costa de nuestros impuestos, impiden que personas necesitadas de vivienda social, que sí que pagarían estos alquileres reducidos, tengan acceso a estas viviendas.
Incluso hay pisos en los que viven personas que ni siquiera son los titulares del contrato de alquiler, y que por tanto no se puede saber si reúnen los requisitos para disponer de un contrato de alquiler social. Todo este sinsentido es un ejemplo más de la dejadez del actual equipo socialista que gobierna L’Hospitalet, un gobierno que se autocalifica como “de progreso” pero que una vez más abandona a quienes más lo necesitan.
