Sonia Esplugas, portavoz del Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de L’Hospitalet, ha denunciado “la negligente gestión del gobierno socialista en los 250 pisos de alquiler social, en los que permite okupaciones e impagos millonarios”.
La portavoz Popular ha explicado que “el gobierno socialista se ‘llena la boca’ denunciando la situación de emergencia habitacional que padecen los vecinos de la ciudad, pero de las 250 viviendas de alquiler social que gestiona (200 de ellas propiedad del Ayuntamiento y 50 cedidas a través de un convenio con la SAREB), hay 14 pisos vacías, 40 ocupadas y solo 11 familias pagan el alquiler mensualmente”.
En definitiva “muchas personas están viviendo gratis a costa de las arcas municipales, porque además el equipo de gobierno no reclama los recibos impagados, y cada vez que pasan tres años desde la fecha del impago, la deuda prescribe, lo que ya ha supuesto, de 2014 a 2023, unas pérdidas de ingresos de 2,3 millones de euros”.
Esplugas ha exigido al equipo de gobierno “que ponga orden en la gestión de la vivienda de alquiler social y corrija el desorden actual, pues se da la circunstancia de que familias que hace 10 años cumplían los requisitos para acceder a estos pisos, ahora ya no las cumplen, e incluso también impagan el recibo del alquiler, mientras otros tantos vecinos de L’Hospitalet tienen una situación económica comprometida y necesitarían acceder a este tipo de vivienda, pero no tienen la posibilidad”.
Finalmente, ha señalado “el descontrol socialista en la gestión de la vivienda municipal, que mantiene familias hace diez años viviendo gratis, con deudas que ascienden a más de 63.000€ por vivienda, sin revisar si las personas que están viviendo son las titulares del contrato inicial, lo que supone un menosprecio a muchos vecinos que sí necesitarían acceder y que estarían dispuestos a hacerse cargo de la cuota de alquiler social”.
El Grupo Popular arranca el compromiso municipal de construir una comisaría de Guardia Urbana
“El Gobierno municipal socialista lleva años desoyendo las peticiones de los sindicatos policiales que reclamaban un edificio propio de Guardia Urbana que garantice la seguridad de los agentes, y no ponga en peligro a los ciudadanos que acuden a otros servicios municipales, como ocurre en la actualidad”
