La seguridad no es un lujo, es un derecho

L’Hospitalet vive una crisis de seguridad sin precedentes. La delincuencia está descontrolada, los socialistas no controlan las calles, y los vecinos tienen miedo de salir cuando oscurece. Pese a esta realidad, el gobierno municipal del PSC niega que la ciudad tenga un problema de criminalidad, y atribuye la situación al “incivismo”. Sin embargo, los datos del Ministerio del Interior son claros: la criminalidad ha aumentado un 9,7%, los robos con violencia se han disparado un 28,3% y los delitos sexuales han crecido casi un 10%. 

Desde el Partido Popular estamos profundamente preocupados por la pasividad de este gobierno ante unos datos de criminalidad que dan auténtico pánico. Los ciudadanos nos trasladan que esta situación es un sinvivir, y lamentablemente, muchos de ellos nos expresan su deseo de marcharse a vivir fuera de L’Hospitalet. 

Por ello, el Partido Popular, ha forzado la convocatoria de un pleno extraordinario de seguridad, para que el alcalde y los responsables municipales den explicaciones sobre la situación y, además, para volver a poner soluciones concretas sobre la mesa: recuperar las patrullas de proximidad, reforzar la plantilla de Guardia Urbana, instalar cámaras de vigilancia y combatir la okupación y la multirreincidencia.

Sabemos cuál es la receta: presión policial y actuaciones preventivas en materia de seguridad. Así lo trasladamos en el Pleno, pero llegado el momento de aprobar estas propuestas, VOX optó por montar un ‘teatrillo’ y abandonar la sala en durante de las votaciones, impidiendo así que se aprobaran estas medidas, alineándose con las políticas de seguridad de los socialistas. 

Yo, Sonia Esplugas, portavoz del Grupo municipal del Partido Popular, me comprometo a seguir trabajando por la seguridad de los vecinos, escuchándoos a todos. Porque la seguridad no es un lujo: la seguridad es un derecho.  

Pásalo:

Escándalo en la gestión de las viviendas sociales en L’Hospitalet 

Con el voto en contra de los socialistas, el Ayuntamiento deberá mejorar la gestión de las viviendas de alquiler social tras presentar el Partido Popular una moción tras detectar graves irregularidades en el control de las 250 viviendas de alquiler social que gestiona. Según el informe de la Intervención General, así como el de una auditoria externa, a 31 de diciembre de 2023, de estas 250 viviendas sociales 14 están vacías y 40 ocupadas.